Ciudad de México.- Tres estados concentran el índice de homicidios más grande contra personas defensoras de los derechos humanos: Chihuahua, Guerrero y Oaxaca ocupan los primeros lugares de asesinatos entre enero de 2010 a diciembre de 2015.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una Recomendación General sobre los agravios a personas defensoras de derechos humanos ante el incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir posibles violaciones a derechos humanos de quienes integran este grupo en situación de riesgo.
En la recomendación la CNDH da cuenta de los agravios cometidos contra este grupo de población, así como de los robos y allanamientos contra las instalaciones de sus organizaciones, lo que aunado al incumplimiento de realizar investigaciones efectivas tiene implicaciones graves que lesionan a la sociedad y propician la repetición de este tipo de agresiones.
La Comisión observó con preocupación que el nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos años, que dichas agresiones son atribuidas, frecuentemente, por acción o por omisión, a servidores públicos y que, no obstante lo anterior, las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa, el número real de agresiones y delitos vinculados a su actividad.
De los registros con que cuenta el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, así como de la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia, se advierte que los Estados de Chihuahua (9), Guerrero (6) y Oaxaca (4) ocupan los primeros lugares en homicidios de personas defensoras asesinadas entre enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
El número de quejas radicadas en el Programa de Agravios indica que en 2006 se recibieron 18; en 2007, 14; en 2008, 15; 2009, 18; 2010, 48; 2011, 59; 2012, 52; 2013, 55; 2014, 45, y 2015, 56, lo que da cuenta del incremento en el número de quejas por presuntas agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
Cabe señalar que los defensores representan temas y grupos específicos de la población como es el caso de niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión, entre otros.
Dicha recomendación está dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, Presidentes Municipales, Jefes Delegacionales y titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
En este sentido solicitaron realizar una campaña pública sobre el reconocimiento y no estigmatización del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades, y atender eficazmente las medidas cautelares.
Asimismo capacite a los servidores públicos sobre el quehacer de este grupo; generar y priorizar políticas públicas de prevención de la violencia hacia defensores de derechos humanos; instruir a los servidores públicos para que les permitan el desarrollo de sus actividades como la aplicación de protocolos.