Ciudad de México.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) confirmó que el 27 de septiembre de 2014 no existió un incendio en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Al dar a conocer los avances de la segunda parte de su mandato que concluye en abril de 2016, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago y Carlos Beristain refutaron la versión oficial.

Informaron que desde el pasado 13 de marzo solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del llamado “incendio del basurero de Cocula”.

Sin embargo, en dicho estudio el monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula.

“Sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, y no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días”, destaca el reporte del GIEI presentado este lunes en conferencia de prensa.

Puntualiza, asimismo, que la estación meteorológica de Iguala “tuvo una precipitación acumulada de 21.8 mm entre el 26 de septiembre, y de la 1 am a las 4 am del 27 de septiembre de 2014. Aunque no se consiguieron registros sobre Cocula, el informe señala que los pronósticos e imágenes de nubes muestran un perfil similar”.

Añade: “El análisis apoya totalmente las revelaciones incluidas y debe ser aportado como un material fundamental en la realización de cualquier estudio”.
Los expertos detallaron que el GIEI ha propuesto algunas diligencias de búsqueda que espera se realicen próximamente.
La PGR ha señalado que con la información del GIEI ha hecho desplazamientos a lugares, busca información y planifica acciones de búsqueda de los normalistas desaparecidos, precisaron.

Y agregaron que también han señalado la importancia de que no se fragmente la investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en el caso.

“Además, (el GIEI) ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha sido analizada y que se acumule a la investigación 01/2015 con participación de peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al igual que en otros escenarios”, apunta el texto.

Sobre el quinto autobús tomado por los normalistas, destaca que la existencia de esa unidad “fue descubierta por el GIEI y podría tener que ver con el móvil de los hechos. Debido a las fuertes contradicciones en la información existente, ya señaladas en el informe, el GIEI ha solicitado que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús como si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia”.

De igual manera, resalta que desde el inicio de su trabajo el GIEI ha señalado la importancia de entrevistar a personal del Batallón 27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de búsqueda. “Durante meses, la respuesta del Estado fue que se estaba evaluando la petición; después que el mecanismo sería la PGR; posteriormente que no sería dicha institución por motivos legales, y después que tendría que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las declaraciones”.

Eso contrasta con que el Estado pidió al GIEI facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que el Grupo hizo como parte del compromiso con el caso y para generar confianza, señala.

Los expertos puntualizaron que en esta toma de declaraciones el GIEI estuvo presente como parte de la investigación.
Y subrayaron que, según informes médicos de la PGR, 70% de los detenidos por el caso tenía lesiones, parte de las cuales pueden corresponder a malos tratos o torturas.

“El Grupo considera que tanto para la credibilidad de la investigación como para la prevención de la tortura y/o de posibles denuncias falsas, se necesitan reforzar las garantías médicas durante la detención. Si bien en los casos señalados se realizaron numerosos informes de integridad física, éstos no conllevan evaluaciones sobre el posible origen de las lesiones”, sostiene el informe.