Oaxaca.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, instaló el Comité de Contraloría Social 2015, como parte del “Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia” en atención a la niñez en situación de albergue.
El Procurador para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Oscar Noé Martínez Morales, indicó que son 789 niñas, niños y adolescentes los que viven en condición de albergue en la entidad.
Puntualizó que los infantes son atendidos a través de 20 albergues privados, más las dos Casas Hogar pertenecientes al organismo asistencial.
En su mensaje, el Procurador refrendó el apoyo de la institución que preside la señora Mané Sánchez Cámara, y que desde el inicio de la administración ha tenido un acercamiento eficaz con cada uno de ellos. “Caminemos juntos para que niñas, niños y adolescentes puedan estar en las mejores condiciones”, añadió el funcionario.
Durante este encuentro, se dio a conocer el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, los aspectos generales a realizarse a favor de la niñez.
Una de las acciones destacadas de este programa, es la integración de un Comité de Contraloría Social, el cual estará conformado por 10 personas, encargados de albergues infantiles, asociaciones civiles y representantes de niñas, niños y adolescentes reintegrados.
Este día se estableció este órgano, que tendrán la tarea de supervisión y vigilancia en la aplicación de los recursos recibidos por parte del Sistema DIF Nacional.
De esta forma, el Estado de Oaxaca a través del DIF, destina una mejor atención de la población infantil en situación de albergue, cumpliendo con los lineamientos señalados por el Sistema Nacional DIF y al margen de lo que estipula la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Cabe destacar que el Comité de Contraloría Social se consolida a través de la participación de los beneficiarios, al convertirse en supervisores y vigilantes de las obras, apoyos y servicios, al tiempo de contribuir a que las acciones que realizan los ejecutores, autoridades estatales y federales se desarrollen con eficiencia, transparencia y honestidad, para generar una cultura de rendición de cuentas.
