*A través de un oficio firmado por la directora de Recursos Humanos, Angélica Santiago Rendón, se “exhorta” a todos los trabajadores para que asistan al informe del senador del PRD, Adolfo Romero Lainas que se efectuaría en esa comunidad
AGENCIA JM
Oaxaca, 8 de marzo.- El ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, gobernado por la coalición electoral PAN-PRD, obligó mediante oficio a sus empleados acudir al informe de actividades del senador perredista Adolfo Romero Lainas, amagando con aplicar descuentos a quienes no asistieran.
A través de un oficio fechado el 5 de marzo, firmado por la directora de Recursos Humanos, Angélica Santiago Rendón, se “exhorta” a todos los trabajadores para que asistan al informe del senador del PRD, Adolfo Romero Lainas que se efectuaría en esa comunidad a las 15:30 horas del sábado 7.
Los trabajadores anunciaron que presentarán una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE) por las amenazas, advirtiendo que ninguna autoridad puede instigar a sus empleados a apoyar cuestiones partidarias.
El documento describe que en atención al oficio número 0415/2015 que envió Pedro Ruiz González, quien funge como Presidente Municipal de Tlacolula, todos los trabajadores están “obligados” a asistir al evento.
En dicha circular, se comunica a los trabajadores que de asistir serán “tomados en cuenta”. Pero en caso de omitir la invitación se les informa que serán sujetos a una sanción y se justifican en los términos del artículo 9 y 10 de la Ley Federal del Trabajo:
“Artículo 9: la categoría de trabajadores de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto. Artículo 10: patrón es la persona física y moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores”, argumenta el documento, para posteriormente mencionar que cualquier aclaración o duda pueden pasar a la presidencia municipal.
Los trabajadores anunciaron que presentarán una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEPADE) por las amenazas, advirtiendo que ninguna autoridad puede instigar a sus empleados a apoyar cuestiones partidarias.
